Actuar responsablemente

1. El pasado día 10 de este mes de enero, ETA hacía pública su tan esperada Declaración relativa al cese de la violencia anteriormente por ella anunciada. El texto decía literalmente: “ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Éste es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada”.

Como era previsible, han sido muy diversas las reacciones provocadas por tal Declaración, a partir de los diferentes posicionamientos políticos existentes dentro y fuera del País Vasco, y de las expectativas e intereses suscitados. Algo que no podía extrañarnos. Pero sí puede ser más sorprendente y a la vez inquietante, que la pluralidad de tales posicionamientos origine la confusión ante las palabras de ETA en razón de los comentarios por ellas suscitados. ¿Cómo adoptar ante esta realidad una postura lúcida, personal y consecuente con las propias convicciones?

Ofrecemos, a continuación, algunas reflexiones que pueden sernos útiles para ello.

2.  a) El supuesto precio a pagar a ETA por el fin de la violencia

Es éste un punto de particular importancia. Cabría plantearse efectivamente si ETA exige o no que se le pague un precio político a cambio de su renuncia definitiva al uso de la violencia armada. Un precio que consistiría en la puesta en marcha de un proceso, democrático y definitivo, de solución del conflicto vasco, basado en el reconocimiento del derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Sin exclusión de la independencia, ya que, en los términos expresados en la misma Declaración, ETA dice que “no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria”.

Pero, al mismo tiempo, ETA dice haber “decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional”, un alto el fuego permanente, general y verificable. Se subraya, a partir de ahí, que su decisión es unilateral, sin condiciones. De manera que ETA reconocería la realización de un proceso democrático, de carácter político, al servicio de la libertad de Euskal Herria, en cuya realización ella no intervendría condicionándolo con su violencia, dado que unilateralmente habría renunciado a ella.

Parece que ésta ha de ser la única razonable interpretación de las palabras de ETA. De no ser así, el contexto en el que se sitúa la Declaración, incluida su dimensión internacional, carecería absolutamente de consistencia y de veracidad, convirtiéndola en una “broma” demasiado pesada, de la que saldría malparada la misma ETA, pero también y particularmente la I.A. que podría quedar “marcada” definitivamente como grupo político, de no haber por su parte una toma de posición definitiva ante esa realidad.

    b) Democracia política en una Euskal Herria sin ETA

En la mente de una parte importante del País Vasco existe la persuasión de la existencia en él, de un “conflicto” político que no es ajeno a ETA pero que, en modo alguno, puede identificarse con su existencia. Se trataría de un conflicto que tendría una dimensión interna al mismo Pueblo y otra externa a él consistente en el modo de relacionarse este Pueblo con el Estado español. La solución de ese conflicto en su totalidad vendría formulada en términos de una plena “normalización” política. Sin embargo, es también cierto que ese afirmado conflicto ha sido considerado, en el País Vasco y fuera de él, como una creación artificial puesta al servicio de los intereses de ETA. De ser ello así, desaparecida ETA, cualquier planteamiento sobre la existencia de un conflicto político en el País Vasco carecería en absoluto de sentido.

Siendo esta pluralidad política la realidad histórica de Pueblo Vasco, el intento de hacer coincidir su pacificación democrática con la desaparición de ETA, carecería de toda consistencia. El problema seguirá existiendo en quienes piensan de manera distinta, precisamente en el ejercicio de su derecho político a la libertad de pensamiento. Un derecho que precisamente por la desaparición de ETA debería quedar garantizado a todos. La desaparición de ETA no equivaldrá sin más, para todos los vascos, a la afirmación de la pretendida democracia. Por ello, la solución del problema o conflicto vasco no ha de confundirse, sin más, con la desaparición de ETA. Por el contrario, esa desaparición podría ser la vía más adecuada para su legítimo planteamiento. También es ésta una dimensión del problema que habrá de ser tenida en cuenta.

    c) Normalización política del País Vasco y pluralismo político-social

La desaparición de la violencia de ETA ha de conducir, así, a una más plena normalización del País Vasco, mediante el libre ejercicio de sus derechos socio-políticos. Desde esta perspectiva, será la totalidad del Pueblo Vasco quien habrá de salir beneficiado por la consolidación de su pacificación. Pero dada la peculiaridad propia de este Pueblo, caracterizado por su diversidad socio-cultural, una de las exigencias fundamentales de su normalización política habrá de ser necesariamente el reconocimiento de su pluralismo político. Este reconocimiento del derecho a la pluralidad habrá de impedir que la afirmación de alguna opción político-social y cultural haya de considerarse como la única y auténtica realización propia del Pueblo vasco.

La normalización de Euskal Herria no podrá confundirse, por tanto, con el logro de los objetivos propios de una determinada opción ideológico-política, en la que hubiera de materializarse la auténtica y plena realización democrática del Pueblo Vasco. Habrá de evitarse cualquier “apropiación”, de carácter patrimonial, puesta al servicio de opciones político-sociales partidistas y excluyentes.

3. Libertad política y participación civil

Uno de los elementos característicos de la normalización política ha de ser el reconocimiento del derecho a la libre participación en la gestión pública, mediante el libre ejercicio del derecho al voto. Tratándose de un derecho fundamental de los ciudadanos, los Estados democráticos afirman y regulan el ejercicio de ese derecho mediante la adecuada legislación. De tal manera que ese ejercicio de un derecho fundamental se afirma ser una parte integrante del Estado de Derecho y, por ello, como expresión de la existencia de una auténtica democracia. Se trata de un derecho personal, del que el ciudadano no podrá legítimamente ser privado, de no ser en razón de una sanción penal también individualizada.

Se hace, por ello, incomprensible que la mera pertenencia a un partido que ya no existe, sin que tal pertenencia fuera sancionada como delictiva en cada ciudadano particular, pueda considerarse razón suficiente para privar al ciudadano, individual y societariamente, del ejercicio del derecho del voto. ¿Cómo afirmar la vigencia de un Estado de Derecho cuando la adhesión a un determinado partido de nueva creación, cuyos Estatutos son considerados conforme a Derecho y, en consecuencia, “legítimos”, es vista como razón suficiente para privar a las personas individuales de su derecho a la libre participación en la gestión pública? ¿No habrá de ser ello razón suficiente para afirmar que la nueva situación política colectiva así originada, habría de carecer de la consolidación propia de un Estado de Derecho refrendado por la voluntad de los ciudadanos que habrían de sostenerlo?

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