Al servicio de la paz ahora y aquí

1. Existe entre nosotros una gran incertidumbre, rayana en la confusión, en torno al tema de la legitimación de SORTU, el nuevo partido político de la Izquierda Abertzale, con las consecuencias que de ahí se hayan de seguir en el desarrollo y resultado de las próximas elecciones municipales y forales. A la vez, parece darse una persuasión generalizada, compartida por importantes cargos políticos, de que está próximo el fin definitivo de la violencia de ETA.

Esta confusa situación no se debe solamente a la diversidad de los caminos a seguir y a las condiciones que se han de cumplir, para alcanzar el objetivo del cese definitivo de la “lucha armada” de ETA. En torno a ese objetivo, existen también intereses políticos contrapuestos e incompatibles, a alcanzar con ocasión del llamado “proceso de pacificación”.

En este contexto socio-político parece legitimarse la idea de que la “eficacia” ha de ser el criterio último al que han de recurrir las estrategias  e incluso la “astucia” política,  para el logro de los propios intereses. Y ello con la pretensión de que la propia forma de actuar y los intereses a lograr, sean la mejor aportación que se haga a la realización del bien común, a cuyo servicio ha de estar ordenada toda acción política.

2. Ante estos planteamientos, es necesario reafirmar el principio ético fundamental, base de la auténtica democracia, de que ese bien común,  por su misma naturaleza, alcanza a todos y cada uno de los ciudadanos, que es inseparable de la justicia y de la libertad y, en definitiva, del respeto debido  a la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, al reconocimiento de todos sus derechos fundamentales.

Pero estas palabras si no queremos que se conviertan en inútiles e ineficaces tienen contenidos reales de los que no pueden ser vaciadas, reduciéndolas a meras afirmaciones verbales. Es necesario recordar lo que ellas significan. Tanto más cuando esos contenidos puedan ser ignorados, ocultos tras otros intereses particulares inmediatos, incompatibles incluso con la justicia y la libertad a la que las personas y los colectivos tienen derecho.

3. Así:

a) Es absolutamente necesario afirmar, precisamente en estos momentos en que vivimos, que el derecho fundamental de las personas a la vida y a su integridad física, no puede condicionarse al logro de objetivos políticos y, en este caso, al mayor o menor acierto del “proceso de pacificación” puesto en marcha. La sombra de futuras posibles amenazas y, con mayor razón, de atentados terroristas será, siempre y también ahora, incompatible con la más estricta justicia. El respeto debido a este derecho fundamental no puede estar condicionado al mayor o menor éxito del proceso de pacificación y de los objetivos político-sociales que de él se puedan lograr o dejar de lograr.

b) El derecho a la participación individual y asociada en la gestión de la “cosa pública” es un derecho humano fundamental del que nadie, ni persona ni colectivo o grupo, puede ser privado, si no es desde la certeza del delito ya cometido y la consiguiente aplicación de la justa ley de carácter penal. La mera posibilidad  o sospecha de reiteración en el futuro, de delitos ya sancionados, no puede ser razón suficiente para impedir el ejercicio actual de derechos fundamentales, habiendo sido ya reparados por el cumplimiento de la adecuada sanción penal legítimamente establecida. Cualquier exigencia cautelar cara al futuro, que impida el ejercicio de un derecho fundamental, más allá de la sanción penal previamente impuesta y cumplida, no parece ser compatible con el respeto debido a los derechos de la persona del delincuente ya sancionado. En consecuencia, no sería tampoco justo impedir el ejercicio de los derechos socio-políticos de las personas, en tanto no fueran cumplidas otras exigencias “compensatorias” de los daños causados por la violencia, más allá de las legítimamente impuestas a los delincuentes en virtud de la sanción penal anteriormente dictada y cumplida.

c) La plena pacificación social tiene exigencias “humanas” que van más allá de las impuestas por las leyes. Por ello, ha de ser tarea y responsabilidad de las personas y de los grupos más directamente afectados por la violencia, fomentar y vivir actitudes y comportamientos que ayuden a la recuperación de una  convivencia auténticamente humana, en el respeto y aprecio debido a toda persona humana, eliminando todo aquello que impide una auténtica reconciliación.

d) Finalmente, en relación con la actuación del llamado “Grupo Internacional de Contacto”, expresamente rechazada por el Gobierno Central, es importante no reducir toda posible forma de relación o diálogo con ETA o con quienes hablen en nombre de ella, a lo que el citado Grupo pudiera hacer en el futuro. Independientemente de lo que haya de ser la actuación de los organismos del Estado, parece necesario reconocer la conveniencia de la existencia de otras conversaciones que puedan ayudar a la solución del problema de la violencia.  Sin que tales relaciones, en tanto ETA no haya anunciado y realizado de forma verificable la renuncia a las armas, sean consideradas necesariamente como formas de colaboración con  ella.

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