Votar, SÍ; pero ¿para QUÉ?

1º)     El próximo día 22 de mayo todos los ciudadanos de Euskal Herria seremos llamados a participar en unas nuevas elecciones forales y municipales. Serán éstas unas elecciones que, junto a las incertidumbres e inquietudes propias del mismo acontecimiento, se verán afectadas además por la influencia que, en el ejercicio del derecho a votar, de todos los ciudadanos, ha tenido la afirmada renuncia de la Izquierda Abertzale al uso de la violencia armada como instrumento de la acción política y, junto con ello, el anuncio por parte de ETA, del alto el fuego unilateral, indefinido y verificable.

Sea cual fuere el posicionamiento que ante tales hechos pueda legítimamente adoptar cada uno de los llamados a votar, lo cierto es que esas elecciones se van a celebrar. Y es cierto también que sus resultados habrán de tener particular importancia, precisamente por las circunstancias en las que se han de realizar. Lo que habrá de ser razón suficiente para que cada uno se tome más en serio la postura que ante ellas haya de adoptar. Para votar o para abstenerse, para votar de una manera o de otra. La postura a tomar ante el derecho a votar es siempre una decisión de ineludibles consecuencias políticas, ante las que cada uno no puede ser indiferente. Menos aún, en las actuales circunstancias, de las que se afirma que son especialmente importantes para el futuro de nuestro pueblo.

Siendo ello así, lo primero que se ha de exigir de todos, individuos y colectivos, ciudadanos y autoridades, habrá de ser el reconocimiento del derecho democrático de a ejercer, en libertad, su derecho a votar. Ésa ha de ser una consecuencia elemental del reconocimiento de la soberanía democrática atribuida al pueblo, que radica en la totalidad de  todos y de la que cada uno de los ciudadanos participa, sin que pueda ser impedido en su ejercicio, ni siquiera por la autoridad propia del Estado si no en casos muy particulares y por justas razones de bien común, no por intereses particulares relativos a opciones partidistas.

2º)     El derecho democrático al ejercicio del voto ha de tener una finalidad precisa que lo justifica, que no es ni puede ser otra que la realización del fin por el que existe y se ejerce la autoridad pública. Un fin que no es otro que el bien común de la comunidad a la que esa autoridad ha de servir. El hecho de que el poder soberano de la comunidad política radique en el pueblo y, en consecuencia, en cada uno de los ciudadanos, no impide que la razón de ser por la que esa autoridad existe y se justifica, haya de ser siempre el bien de la comunidad política, consistente en el reconocimiento de todos los derechos, individuales y colectivos, de todas las personas que la integran.

La autoridad no existe para realizar el bien de aquellos que la ejercen, ni tampoco el de las personas concretas que los han elegido. La autoridad, sea estrictamente política o sea administrativa, existe en función del bien de todos los componentes de la comunidad. Es la única manera de justificarla. La democracia popular deja de ser tal democracia, si se propone como finalidad la de servir a los intereses de los partidos que ejercen el poder. No es eso el bien común y, sin referencia al bien común, no hay auténtico ejercicio democrático del poder. La democracia propia del sufragio popular no es la democracia de una parte del pueblo, ni aunque sea mayoritario, sino la de la totalidad del pueblo, sea quien fuere quien  ejerza su poder.

Solamente desde esta perspectiva de la totalidad del pueblo al que ha de servir, puede adquirir su verdadero sentido la atribución del poder por el pueblo. En su nombre habrán de ejercerlo quienes hayan sido elegidos por la vía de las votaciones y con la mediación de los partidos políticos. Ese poder que es el del pueblo, el de todo el pueblo y que, por ello mismo, ha de estar al servicio de todo el pueblo. Desde la referencia a los individuos que lo integran y a su totalidad.  Referencia que no puede ser otra que la afirmación de todos los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos, que es en lo que consiste el bien común y no en otra cosa.

3º)     Todas estas dimensiones de la realización de la auténtica democracia, por las vías propias de la democracia que es la del pueblo, han de ser tenidas en cuenta en el momento de decidir a quién ha de dar cada uno su voto. El voto se da a un partido, porque así lo exige el pluralismo propio de una sociedad que reconoce los derechos cívico-políticos de todos los ciudadanos. Pero el bien que se ha de alcanzar no puede quedar en el bien de ese partido. Ha de contemplar  la realización del bien de toda la comunidad de que se trate, sea estatal, autonómica, foral o municipal. Se debe votar al partido que mayor confianza merece a uno, para servir a la finalidad propia del poder público, que no puede ser otra que el bien de la sociedad, en las circunstancias propias del momento actual, pero también en una perspectiva de futuro, según las valoraciones que cada uno,  desde su propia conciencia, realice.

Las encuestas que vienen realizándose a la población en estos últimos años, nos ponen de manifiesto el poco aprecio social existente en relación, no solamente de los políticos sino también de la misma política o, si se quiere, de la política ejercida por los políticos. Los políticos a los que vamos a escoger nosotros mismos y de los que necesitamos, supuesta la peculiaridad propia del modelo democrático representativo en el que vivimos. La más elemental lógica, ante tales realidades, no puede menos de exigirnos que, por nuestra parte, escojamos a los partidos, los programas y las personas que mayor confianza nos merezcan. Confianza medida desde la referencia al fin por el que los candidatos y el mismo poder público que ellos habrán de ejercer, tienen razón de ser.

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