Una política al servicio del pueblo

1. A tenor de las encuestas realizadas a la opinión pública, la Política no sería una actividad o una función pública que mereciera una atención o interés particulares por parte de los ciudadanos. Y, entre éstos, los jóvenes no serían una excepción. Un cierto menosprecio por los políticos se pondría de manifiesto en afirmaciones como ésta: “Al fin y al cabo, todos son iguales”. Es decir, igualmente carentes de importancia para la sociedad que, sin embargo, no parece que podría prescindir de ellos. ¿Inútiles pero necesarios? Lo que no deja de ser contradictorio y, por tanto, falso e inaceptable por la lógica más elemental.

Las últimas elecciones realizadas para determinar quiénes habrían de ser las personas que hubieran de ocupar los cargos públicos respectivos en las Juntas Generales, las Diputaciones y los Ayuntamientos de nuestros Territorios Históricos y, en particular, de Guipúzcoa, han venido a demostrar cualquier cosa diferente de lo que pudiéramos llamar “indiferencia” por la gestión pública. No solamente en el momento de valorar la mayor o menor participación o abstención en los comicios, sino también en el proceso posterior de definir a las personas concretas que, en el futuro, habrían de ejercer las responsabilidades públicas o “políticas” a tenor de los resultados habidos.

Se ha puesto, por el contrario, de manifiesto que la “política”, en ocasiones tan denostada, es algo mucho más importante para la sociedad, de lo que pudieran poner de manifiesto unas encuestas realizadas en tiempos ajenos a las elecciones y considerados como tiempos políticamente “indiferentes”. Es éste un fenómeno que no podemos ignorar sino que debe ser objeto de una seria reflexión. Al menos para cuantos afirmamos poner nuestra confianza en la realización de una convivencia auténticamente democrática. Una democracia entendida como forma de ejercer el poder político que, siendo de toda la comunidad política, es confiado libremente a las personas e instituciones que hayan de ejercerlo, según los ritmos establecidos.

2. Una primera afirmación que se debe hacer es que la práctica política sea, en realidad, lo que, por su misma naturaleza, ella tiene que ser. Sean quienes fueren los que la ejerzan. Dicho de otra manera, la política debe ser y debe también manifestarse como expresión de su propia y característica identidad. Quizás ello no sea siempre tenido en cuenta y necesita, por ello, de la adecuada aclaración. Se ha de evitar un equívoco que puede fácilmente darse a partir del hecho de que la autoridad del pueblo se transmite a quienes la ejercen por la vía de la parcialidad representativa de los “partidos” que, como tales, son una “parte” de la sociedad. La autoridad política ejercida legítimamente no es la autoridad derivada de la parte precisa de quienes designaron a los elegidos que la ejercen. La autoridad propia del político es la autoridad derivada de toda la comunidad política y como tal autoridad debe ser ejercida.

Es ésta una afirmación de principio muy elemental y, precisamente por ello, de una importancia fundamental. La autoridad propia de la función política es ciertamente la autoridad de todo el pueblo y, precisamente por ello, ha de estar al servicio de la totalidad de ese pueblo que en totalidad la transmite a quienes han de ejercerla. Sería una equivocación radical, con consecuencias funestas para la comprensión de la verdad democrática, pensar que el partido o los partidos que han ganado las elecciones habrán de ser los poseedores del privilegio de disponer para su bien, de la totalidad de un poder que siendo ejercido por ellos, no deja de ser el poder de la totalidad. Seguramente sea la pérdida de esa percepción de lo que es objetivamente y ha de ser también efectivamente el objetivo perseguido por el poder adquirido por la vía de las elecciones, lo que esté en la raíz de aquella opinión pública que considera que los políticos se ocupan de “sus cosas y de sus intereses”, en lugar de buscar los objetivos del bien del “pueblo”, que el ejercicio del poder político, por su propia naturaleza democrática, ha de realizar. El pueblo debe verse reflejado en una “política”, que sea el reflejo de sus necesidades, aspiraciones y objetivos, tanto más sensiblemente cuanto más graves sean ellos. Es cierto que esas necesidades del pueblo tendrán necesariamente una ineludible parcialidad o particularidad en su realización. Pero, aún así, la jerarquía en la acertada realización de la praxis política habrá de poner de manifiesto que es el bien del pueblo el que prevalece, en la prioridad dada a la solución de los problemas que son, no los de los políticos ni de los partidos a los que ellos representan sino de la sociedad o comunidad política.

Desde esta perspectiva democrática elemental, será necesario afirmar que la justicia y lo justo no queden definidos por lo que dicen o hacen los “poderosos” que detentan el poder, sino que ha de ser la justicia derivada del reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos lo que defina si es o no es justo el comportamiento de los políticos, en el ejercicio del poder que ejercen por mandato del pueblo al que han de servir.

3. No será inútil en esta reflexión fundamental y, si se quiere, elemental, pero no por ello inútil, afirmar que sea también la opinión pública de los individuos y de los colectivos sociales, la que ayude a definir las urgencias de una sociedad que requiere de la autoridad pública, la intervención necesaria a fin de que su actuación sea realmente un servicio prestado a los sujetos que integran el pueblo al que ellos han de servir. En el ámbito de la economía y los derechos económicos-sociales, de la afirmación y reconocimiento efectivo de los derechos cívico-políticos y también de una cultura que, más allá de sus manifestaciones puramente colectivas, ayude a las personas a vivir en la sociedad desde las opciones fundamentales integrantes del sentido dado a la propia existencia. Y todo ello, en el clima de la auténtica pacificación consistente en la eliminación de cualquier forma de violencia política, real o potencial, reservada como garantía de la realización de logros políticos que, aun siendo legítimos y razonables, no pueden justificar la violencia política.

De todos dependerá que el ejercicio de los derechos cívico-políticos garantizados a todos los ciudadanos, algo que no ha sido posible hasta ahora entre nosotros, posibilite dar los pasos urgentes y necesarios hacia la plena pacificación y normalización de este pueblo vasco que hace ya tantos años echa de menos y ardientemente añora.

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