De la confrontación a la común voluntad de servicio

1.- Han pasado ya algunos días desde que tuvieron lugar las votaciones para configurar el nuevo Parlamento del Estado español y con él, el nuevo Presidente del Gobierno. Tras las alegrías de los unos y las frustraciones o desengaños de los otros, se impone a todos la necesidad de enfrentarse con el objetivo que ha de pretender realizar la política. Este objetivo no debe ser otro que el servicio a la totalidad del pueblo, mediante la realización de eso que llamamos el “bien común”. La política no es un fin en sí misma. Es un instrumento para la realización del objetivo que justifica su existencia. No solamente el bien de los “vencedores” sino el de la totalidad de la ciudadanía. Éste es el objetivo a cuya realización se ordenan también estas reflexiones.

2.- Al ser las elecciones realizadas “generales”, los resultados de las mismas, en lo que se refiere a la atribución del poder político a los organismos pertinentes, no afectan directamente a las instituciones territoriales, autonómicas o locales. Podrá discutirse si la separación en el tiempo, de las elecciones generales y locales, es o no conveniente en función de una mejor o peor realización del servicio que ellas han de prestar. Una cuestión que adquiere una importancia particular en el ámbito de la Autonomía del País Vasco, dadas las limitaciones que tuvo anteriormente el ejercicio del derecho a votar por la existencia de la realidad “política” que era una ETA potencialmente en activo. No cabe duda que la adecuación “representativa” de la autoridad autónoma de Euskadi, en razón de lo que pueden dar a entender los resultados de aquellas elecciones y las ahora realizadas, son muy diferentes en favor de las actuales. Ello, sin embargo, no puede cuestionar la legitimidad o validez de lo entonces realizado y de lo que a partir de ahora se vaya hacer, en tanto no se realice un legítimo cambio institucional.

Dicho esto, es también necesario afirmar que la totalidad del pueblo vasco, en la pluralidad socio-política que le caracteriza y habida cuenta del más pleno reconocimiento de sus derechos cívico-políticos, habrá de ser tenido en cuenta en el ejercicio de una autoridad que fue constituida a partir de una realidad socio-política distinta de la actualmente existente y como tal manifestada. Los derechos “formales” de la democracia socio-política adquieren sus contenidos “reales” desde la concreción histórica de la realidad social e histórica existente. Es ésta una exigencia vinculante para el poder político, sea quien fuere el que lo ejercite.

3.- La “disfunción” que puede existir entre la voluntad popular puesta de manifiesto en las últimas elecciones y el poder constituido anteriormente, puede servir para entender mejor la función que los llamados partidos de la “oposición” han de cumplir, para la realización y servicio de la comunidad política. Ni quienes poseen la “mayoría” ni quienes están “en minoría” reciben su poder para algo distinto de la realización del bien común. La aportación de la “oposición” en el juego democrático, no puede consistir en poner obstáculos a la mayoría para impedir su afirmación como tal, con la mirada puesta en una eventual conquista del poder. También la oposición ha de estar al servicio de una mejor realización del servicio debido al pueblo, tal cual él es en su totalidad y en su pluralidad.

Este planteamiento se hace particularmente necesario en una situación como la actual en la que, a nivel del Estado, existe una mayoría absoluta que posibilita el ejercicio “total” del poder político, aun en contra de las minorías o ignorándolas. De una acción criticada y enriquecida por las minorías, habrá de realizarse mejor el común servicio a la totalidad del pueblo que la verdadera democracia postula. Lo que parece ser particularmente “sabio” e importante en situaciones de “crisis” como la que estamos viviendo. El “pueblo” parece estar harto de estériles enfrentamientos entre los “partidos”, como si del interés particular de ellos se tratara, en lugar de mostrar su clara voluntad de participar en la tarea común de resolver los problemas de la comunidad. Este planteamiento “político” se hace particularmente oportuno e importante en el momento actual de crisis económica, cuya solución no podrá hallarse desde la imposición de alguno de los múltiples “modelos” económicos  hipotéticamente existentes. El modelo viene impuesto, para bien o para mal, por la pertenencia a una Unión Europea, dentro de la cual se habrá de jugar, si queremos resolver nuestros problemas particulares. Es ahí donde, mayorías y minorías habrán de tratar de hallar el mutuo entendimiento, fruto del esfuerzo común de favorecer a los más necesitados y sujetos a carencias incompatibles con la dignidad humana de cada persona.

4.- Al hablar de la fidelidad debida a la representación popular como exigencia de la auténtica democracia, será oportuno aludir a un problema que, cuanto antes se resuelva, tanto más firme y auténtica será la pretendida convivencia democrática. Se trata del reconocimiento de Sortu como partido político, pendiente de la sentencia que ha de dar el Tribunal Constitucional. Es éste un tema que no afecta solamente a los directamente interesados por él, sino que tiene también un alcance social que no podemos desconocer. La razón es sencilla.

La llamada Izquierda Abertzale abarca, de hecho, una realidad más amplia de lo que puede considerarse ser el colectivo Sortu, entendido como el partido político que, dotado de sus propios Estatutos, ha solicitado su reconocimiento como tal. En la Izquierda Abertzale se incluyen también otros colectivos, sin excluir incluso a partidos políticos. Por ello, no puede ser considerada como un verdadero partido político. Puede ser una coalición de colectivos con fines electorales o un “polo” de convergencia soberanista compatible con la autonomía o independencia propia de cada partido político o de otros colectivos socio-políticos, con sus proyectos, su ideología y, en definitiva, con su poder y libertad para tomar decisiones propias en la pluralidad de los ámbitos de la convivencia social.

Una clarificación sobre esta materia, dada la naturaleza “pública” de estos colectivos, interesa al bien, también público, de la convivencia democrática. Supondría también un paso importante hacia delante, en la línea de la “normalización” que todos deseamos.

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