Al servicio de la voluntad de hacer la paz

1. La renuncia definitiva al uso de la violencia y la opción por las vías pacíficas para solucionar los conflictos, han sido pasos fundamentales dados por ETA, en el proceso hacia la plena pacificación de nuestro pueblo. Pero no basta que ETA renuncie al uso de unas armas de las que todavía sigue disponiendo, no obstante su voluntad de no utilizarlas. Por otra parte, la permanencia de más de 500 presos supuestamente vinculados a la violencia a la que dicen renunciar, no es compatible con la pacificación. Máxime habida cuenta de la existencia de situaciones penales no plenamente conformes con una justa y equitativa aplicación de las normas vigentes.

No son éstos los únicos problemas entre los llamados ‘técnicos’ (acercamiento de presos, tratamiento de los que están enfermos.), a pesar de ser portadores de un innegable contenido político. Y como tales deben ser abordados. Lo que no se hace en las altas instancias pertinentes, a pesar de la insistencia en la necesidad de que comiencen a darse los pasos necesarios en esa dirección.

Así, ETA pide y exige al Estado español que corresponda al paso dado por ella y se enfrente con el problema de los por ETA llamados presos ‘políticos’, poniendo en marcha el proceso para su definitiva solución. A su vez, el Estado exige a ETA su desarme verificable y su desaparición, como pasos previos a cualquier solución a dar en relación con los presos, cuyo carácter ‘político’ rechaza absolutamente. Exige, por ello, el riguroso cumplimiento de las leyes penales, particularmente en las modificaciones introducidas expresamente para los delitos de ‘terrorismo’.

Ante estos planteamientos enfrentados, nos preguntamos qué expectativas puede tener el pueblo vasco para alcanzar el objetivo propuesto de la ‘plena’ pacificación, más allá de la mera continuidad indefinida de la situación de ‘no violencia’ de ETA y de su futura extinción. ¿Es que no es posible dar más pasos para lograr la pacificación?

2. La realización de la paz o, mejor, el logro progresivo y el mantenimiento de lo que llamamos la pacificación de nuestro pueblo, debe ser visto como una dimensión fundamental de lo que llamamos el ‘bien común’ que el Estado y, en su medida, también los ciudadanos y los colectivos sociales deben realizar. Hablando en términos rigurosos, afirmamos que la pacificación, en su complejidad, es una verdadera ‘cuestión de Estado’ y, por ello, un objetivo de su acción ‘política’. Con un carácter fundamental tal que el logro y el mantenimiento de esa paz ha de valorarse por encima de otros objetivos, también ‘políticos’, que a ella deben subordinarse.

Desde la fundamentalidad del bien y el objetivo ‘político’ de la paz, es necesario plantear qué otros objetivos o razones, en definitiva ‘políticos’, existen, a los que haya de subordinarse el bien político de la pacificación. ¿No es la paz lo que está pidiendo el pueblo al Estado español al pedirle que ‘actúe’ a favor de la solución de un problema que, aun siendo jurídicamente de los ‘tribunales’, no puede ser ajeno al ‘ejecutivo’? ¿No es el problema del colectivo de los presos de ETA, desde la perspectiva de la pacificación, algo distinto de la mera suma de decisiones individuales que exigen una solución ‘política’, sin que ello haya de ser contraria a una ‘sabia’ interpretación de las leyes? ¿Han de ser idénticos los modos de asegurar la verdad de la renuncia al uso de la violencia, tratándose de individuos ‘numerosos’ o de la decisión de un ‘colectivo’ de más de 500 sujetos?

La ‘política’ del Estado que busca la paz y la decisión de ETA que dice renunciar a la violencia, han de proceder de la voluntad eficaz que impulse a ambos, por encima de otras razones, a buscar las adecuadas vías para la realización de la paz. A ella, han de subordinarse otros intereses menores, en razón de una auténtica ‘política de pacificación’ puesta al servicio del ‘bien común’. Es esto lo que el ‘pueblo’ quiere, lo que dice también querer el Estado, al afirmar que la causa de la solución del problema del terrorismo no debe ponerse al servicio de los intereses particulares de los partidos. Y es lo que deben también querer decir las palabras del ‘colectivo’ de ETA, que afirma que la política verdadera no sólo debe renunciar al uso de la violencia armada sino que ha de aceptar también otras exigencias, más o menos dolorosas, unidas a la afirmada voluntad de hacer la paz.

3. Derivado de lo dicho debe ser la búsqueda de un entendimiento bilateral que posibilite el proceso de la común voluntad de construir la paz. No se trata de que el Estado y ETA acepten las condiciones mutuamente impuestas para hacer la paz. El pacto implica una forma de relación entre sujetos distintos, en virtud de la cual y por la vía de las obligaciones mutuamente adquiridas, uno y otro saldrán beneficiados. La figura de un pacto mutuo así entendido entre el Estado y ETA, puede estar lejos de aceptarse por todos. El entendimiento propuesto aquí es de una naturaleza distinta. La mutua relación entre las dos partes no será la base de un entendimiento de naturaleza contractual. La referencia fundamental, no entre ambas sino para ambas, consistirá en algo que transciende a cada una de las partes, a la vez que las compromete: la voluntad de hacer la paz, mediante un compromiso simultáneamente asumido y ratificado, que converge con la urgente voluntad ‘popular’. Cada parte debe ser fiel a lo que el pueblo exige como manifestación de la común obligación ‘política’ de crear una convivencia pacífica verdadera.

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