Construir la paz. ¿Un compromiso ineludible o un fracaso anunciado?

Decimos, con razón, que todos tenemos derecho a vivir en paz. Una paz que no nos ha de caer del cielo, sin más, sino que hemos de hacerla entre todos. Por eso, tan verdadero como afirmar nuestro derecho a la paz, habrá de ser también reconocer que somos todos los que, de una manera u otra, tenemos la obligación de hacerla. Por la misma razón habremos de decir también que todos habremos de evitar aquello que, de una u otra manera, provoca o fomenta los enfrentamientos violentos que conducen a crear una convivencia sin paz. Ante la necesidad de hacer la paz o de evitar lo que es contrario a ella, nadie puede encogerse de hombros y mirar hacia otro lado, justificando ese proceder con la falsedad de que ese es un asunto “de otros” y son los demás quienes hayan de resolverlo, no cada uno de nosotros.

a)    En defensa de la paz fundamentada en la verdad.

Hacer la paz no es algo sencillo, como no lo es tampoco el conservarla. Al menos si queremos hacerla y conservarla de verdad. Precisamente porque en el intento individual y social de hacerla, entra en juego la verdad. Una verdad que nos lleva a ver, buscar, aceptar, valorar y juzgar las cosas como son y como fueron, y cómo queremos que sean en el futuro. La verdad de la paz es la que debe llevarnos a ver en qué estamos o en qué no estamos de acuerdo. Y sobre todo, en qué tenemos que estar de acuerdo si queremos, de verdad, vivir en paz. La yuxtaposición de lecturas diferentes y contrarias sobre los mismos acontecimientos integrantes de la única verdad histórica total, es ya expresión de la inexistencia de la verdad necesaria para fundamentar la paz. Las verdades parciales podrán ser verdades complementarias o perspectivas diferentes del ser de las mismas realidades. Pero una cosa es la “realidad” de lo que tales cosas fueron y otra la complementación de esas mismas realidades por perspectivas diferentes, que no altera la “verdadera” realidad de lo que las cosas fueran, medidas desde la verdad de su justicia o injusticia. Los daños causados por la injusta violencia de ETA y los daños causados por la justa y legítima represión del Estado, no son realidades que puedan ser objetivamente equiparables. Hacerlo no sería lo mismo que yuxtaponer dos verdades parciales compatibles entre sí, sino pretender unir afirmaciones incompatibles, que como tales no pueden integrar la única verdad total de los hechos históricos, sobre la que se pretendería construir la paz.

Unidas a la verdad relativa a la utilización de la violencia por parte de ETA y del poder coactivo del Estado, es importante analizar también otras dos dimensiones relativas a esa violencia. Es necesario, en primer lugar, recoger el dato histórico, integrante por ello, de lo que llamamos la “verdad histórica” que ha de sostener la paz verdadera y la convivencia en esa verdad, el hecho de los abusos cometidos en el ejercicio del poder del Estado, en contra de la dignidad inherente a toda persona humana, sea cual fuere su condición, en razón de los delitos cometidos frente a las leyes justas del Estado. Ante esa realidad, no es suficiente la mera constatación de los hechos. Se impone también la necesidad de investigar por qué fueron ocultados o ignorados y, en ocasiones, positivamente permitidos, incluso cuando fueron realizados por organizaciones paraestatales y, por ello, próximas al poder público. Cabría también analizar la razón de ser del silencio más o menos cómplice de los medios de comunicación e incluso de la opinión pública ante tales realidades. Sin que se ignore que esa injusta violencia arrastra consigo la obligación de una justa reparación, según la naturaleza de los daños particulares causados y en función también de la reparación del bien común lesionado.

Hay también otro aspecto de la verdad de la violencia causada por ETA que debe ser analizado, incluso en razón de las graves consecuencias prácticas que del mismo se habrían de seguir. Podría formularse en estos términos: ¿Es verdad que la lucha violenta de ETA es el fruto y la manifestación de una lucha “política” motivada por un “conflicto político” cuya solución se trataría de buscar mediante el recurso a la violencia armada? Es necesario reconocer ya de partida, que el mismo planteamiento del tema hecho en estos términos es, para algunos, absolutamente reprobable, inaceptable, carente de toda verdad e incluso ofensivo. Por el contrario, desde la perspectiva propia de ETA, ignorar ésta por ella afirmada realidad, equivaldría a negar toda posibilidad de entendimiento y de búsqueda de solución a la cuestión planteada. Pero puede darse un tercer posicionamiento que sitúa el problema al margen de ese dilema del SÍ o NO, viendo el problema desde la perspectiva de una verdad que no puede ser negada por ninguna de las dos posiciones irreconciliables del dilema planteado. En efecto, cabe aceptar, sin que pueda negarse sin más, que existe una cuestión vasca, de carácter “político”, relativo al modo de relacionar al Pueblo Vasco con el Estado español, lo que no deja de ser una cuestión política. Algunos lo afirmarán, otros lo negarán, sin que el mismo planteamiento sea reprobable sin más.

Luchar por vías legítimas por la solución de ese problema, será también democráticamente aceptable. Sin que ello haya de legitimar el recurso a la violencia armada de ETA, ni permita afirmar que esa violencia pueda ser considerada como ética y políticamente aceptable. Lo cual no será razón para negar que ETA actúe por “motivaciones” políticas, sin que su actuación deje de ser por ello reprobable. Por ello, cuantos rechacen y condenen la violencia de ETA, podrán afirmar que la violencia del Estado ejercida contra ETA, es perfectamente legítima, sin que ésta pretenda justificarse por el recurso al reconocimiento de la “libertad política”, entendida como una libertad de opción personal que todo Estado democrático debe reconocer a todo ciudadano. Castigar la violencia de ETA como un delito contrario a la paz y el orden público, no debe confundirse con la negación por parte del Estado del derecho democrático a la libertad de “opción política”. ETA no puede confundir el ejercicio del derecho a la libertad de opinión política con la violencia por razones políticas. Pero tampoco podrá el Estado negar cualquier planteamiento relativo a los derechos políticos del Pueblo Vasco por el hecho de que ETA pretenda o haya pretendido defenderlos mediante el recurso a la reprobable violencia de la lucha armada.

b)   La aportación de la justicia a la realización de la paz.

Es de todos conocida la afirmación de que la “paz es el fruto de la justicia”. Lo que no significa que baste la justicia para hacer la paz, ni que todas las injusticias sean igualmente contrarias a la paz de la convivencia social. En todo caso, lo cierto es que hay injusticias que afectan, de manera importante, a la creación de una convivencia en paz.

En efecto, si es verdad que los ciudadanos tienen derecho a la convivencia en paz, ha de ser consecuencia espontáneamente de ahí derivada, que esos mismos ciudadanos tienen derecho a que se les “deje en paz”, en tanto sus actuaciones individuales o sociales no lesionen los derechos de los demás. Independientemente de las ideas u opiniones políticas que uno pueda tener y manifestar socialmente. La diversidad no es, por sí misma, señal o manifestación de injusticia, por lo que ella debe ser respetada como el resultado del justo ejercicio del derecho a la propia libertad, que los demás habrán de respetar en justicia. Las amenazas, coacciones, exclusiones públicas o privadas, difamaciones, motivadas por las diferencias políticas, socio-culturales, incluso festivas, y lo que es más grave, por las diferencias relativas a las gestiones del poder público deben ser rechazadas como injustas e, incluso, deberán ser impedidas mediante el recurso a ese mismo poder público.

Una peculiar importancia en relación con las exigencias de la justicia para el logro de la paz tiene el tema relativo a las medidas o leyes de excepción, que implican el ejercicio de facultades especiales por parte del poder público. Facultades que van más allá de las competencias ejercidas en situaciones “normales”, precisamente en razón de la “anormalidad” de las situaciones socio-políticas existentes. Son medidas que afectan a la interpretación y al ejercicio de las mismas leyes y normas, más bien que a su misma existencia, con graves consecuencias negativas para el logro de una justa pacificación. Mutuamente alimentan posicionamientos contrapuestos que impiden avanzar en la línea de la realización de la pretendida paz. La eliminación de medidas de mayor rigor en relación con la política penitenciaria, que serían incluso injustas en situaciones “normales”, de una parte, y la negación de ETA a la destrucción o entrega de sus armas en tanto el “Gobierno no se mueva”, una vez que ETA anunció la definitiva renuncia a la lucha armada, por la otra, son ejemplos de lo que decimos. Estos planteamientos, vistos desde la perspectiva concreta del logro de una más plena pacificación, no pueden menos de ser contraproducentes. La común voluntad de caminar hacia el logro de una paz que sea de todos y para todos, habrá de ser el motor que impulse el logro de un “bien común” que esté por encima de enemistades o intereses particulares e, incluso, de posicionamientos propios de estrategias políticas.

Hay también otra dimensión desde la que han de replantearse las exigencias de la justicia para el logro de la pacificación. Es la justicia que se refiere a la reparación de los daños causados por las injusticias, a las víctimas de las mismas, a partir del principio general de que la reparación de la injusticia ha de tender a situar las cosas en la situación en que estuvieren antes de ser cometida. Sin olvidar que esa reparación debe hacerse no solamente a personas particulares sino también a la sociedad. Hemos de ser conscientes de las innegables dificultades que arrastra consigo esa exigencia de la justicia, en esa doble perspectiva, individual y societaria. Precisamente esa dificultad de la “reparación”, en la pluralidad de sus dimensiones, que van más allá de la objetividad del daño material causado, ha de llevarnos a plantear el problema de las “víctimas de la violencia”, más allá de las exigencias de la mera justicia.

c)    Las víctimas de la violencia, destinatarios y, a la vez, sujetos activos de la pacificación.

1.    No todas las víctimas de la violencia son iguales.

Al abordar este tema lo primero que debemos hacer, para ser fieles a la verdad objetiva de la memoria histórica, es tratar de definir o determinar qué es lo que entendemos por “víctimas de la violencia”. No podemos dar por supuesto que cuantos utilizamos esa expresión, queremos decir lo mismo. Esta diferencia de principio no podrá menos de llevarnos a sacar consecuencias diferentes e incluso contradictorias, que poco nos ayudarían a construir la paz que pretendemos, favoreciendo por el contrario la confusión. En realidad, esa diferencia en la comprensión de lo que con esas palabras se quiere decir es la misma que la que se origina también cuando hablamos sencillamente de “violencia”. Si tampoco estamos de acuerdo en lo que queremos decir al hablar de violencia, difícilmente podremos estar de acuerdo al hablar de las llamadas víctimas de la violencia. ¿Dónde está, entonces, la razón de ser o la raíz de la diferencia?

Es claro que la palabra violencia hace referencia al uso de la fuerza para conseguir unos objetivos que, sin el recurso a ella, no se podrían alcanzar. Recurrir a la violencia significa que los daños originados por ella son admitidos o, si se quiere, son racionalmente justificados en función del logro de tales objetivos. Los daños causados serán así queridos directamente como medio o, al menos, serán admitidos indirectamente como efecto del uso de los medios que se consideran necesarios, aunque ellos hayan de producir esos daños. La utilidad o la eficacia será el criterio último que justificará el recurso a la violencia. Tal es el planteamiento que ha estado en la base del recurso a la violencia armada y a otras formas de violencia por parte de ETA, en función del logro de la soberanía de Euskal Herria y, en última instancia, de la plena liberación económica y política del Pueblo Vasco, mediante la instauración de un régimen marxista adecuado al siglo XXI. El daño causado a las víctimas del uso de la violencia, por muy lamentable que pueda parecer, no habrá de ser objeto de una ulterior valoración de carácter ético o de otra consideración análoga.

Muy distinto es el planteamiento de cuantos hacen de la violencia de ETA, un juicio valorativo a partir del reconocimiento de la irrenunciable dignidad de la persona humana y de las consecuencias éticas derivadas de la afirmación de esa dignidad. Esa violencia ha de ser, por ello, valorada o juzgada no solamente desde el criterio de la eficacia sino también desde el humanismo sostenido en la inalienable dignidad y valor del ser humano, del que habrán de derivar los imperativos éticos. Por ello, la valoración derivada de la mera eficacia habrá de ser juzgada desde la ética derivada del reconocimiento de la dignidad humana. Es ésta la razón fundamental de la existencia del juicio de valor ético, que lleva a distinguir la violencia justa de la violencia que no lo es.

Es ésta la razón por la cual al tratarse el tema de la violencia y de sus consecuencias relativas a la realización de la paz y de la convivencia, se hace necesario distinguir dos realidades inconfundibles en razón de las derivaciones prácticas que de ellas se han de seguir. Una es que la violencia puede ser o puede no ser éticamente aceptable y, otra, derivada de la anterior, que también las víctimas de la violencia podrán ser distintamente valorables según sean tales víctimas el fruto de una violencia injusta o el fruto de una violencia justa o legítima. Lo que puede simplificarse diciendo que no todas las víctimas de la violencia son iguales y que, en consecuencia, tampoco todas ellas habrán de ser merecedoras del mismo trato. Sin que ello haga olvidar que todas ellas han de ser objeto de un tratamiento “humano”, adecuado a su condición, dado que todas ellas siguen siendo en esa su condición, personas humanas merecedoras del trato que, como a tales personas se les ha de dar.

2.    Reparación de los daños causados por la violencia injusta.

La violencia injusta produce daños injustos, tanto a los individuos como a la misma sociedad. Daños que en tanto no son reparados, dan a la injusticia cometida una cierta continuidad histórica, a tenor de la naturaleza propia del daño injustamente producido. Es ésta la razón por la que las injusticias realizadas llevan consigo la exigencia de la reparación de los daños por ellas causados, no solamente en razón de las personas concretas afectadas sino también en razón de la necesaria tutela del Bien Común que el Estado ha de garantizar, en orden al logro y mantenimiento de la convivencia pacífica. Es precisamente el hecho de que la violencia haya sido injusta, lo que hará que el daño causado por ella haya de ser reparado en justicia. Planteada así la cuestión desde la perspectiva propia de los principios éticos-políticos, parece ser ella de una innegable claridad. Pero no sucede así al dar el paso al campo de las aplicaciones concretas, dada la variedad de los daños producidos y de las mismas circunstancias históricas en las que ellos se produjeron. Así sucede particularmente en los casos de los homicidios y de otras lesiones irreparables, causados por la injusticia de la violencia. La reparación exigida por la justicia humana no podrá, en ningún caso, restablecer la situación previa existente antes del daño causado.

Además, el daño causado por la violencia va normalmente acompañado de un sufrimiento interno a la persona que lo padece, que no podrá ser tampoco reparado por el cumplimiento de las más rigurosas exigencias de una justicia humana, que permanecerán siempre en la exterioridad de las personas, tanto por parte de las víctimas como de los mismos victimarios. Es sabido que el orden que la justicia ha de garantizar mediante sus imperativos coactivos es, por su misma naturaleza, externo a las personas. El mundo de la intimidad personal es el ámbito de la libertad de cada uno y, por ello, ajeno a las imposiciones externas propias de la justicia. Lo que hará que cualquier intento de reparación pretendida por la justicia coactiva vinculante, habrá de ser, por su misma naturaleza, imperfecta en tanto no entren en juego la voluntad del damnificado y la correlativa disposición del damnificante. Es ésta una realidad que no es tenida suficientemente en cuenta, sobre la que posteriormente habremos de volver.

En relación con este tema de la reparación de la injusticia inherente al daño producido por la violencia injusta, hay otra dimensión a tener también en cuenta. Es la relativa al Bien Común que está implicado tanto en la lesión de la injusticia cometida contra los individuos y sujetos particulares, como en la necesaria reparación de los daños producidos por esa injusticia. Dicho de otra manera, se trata de ser conscientes de que cuando la autoridad trata de reparar el daño injusto producido a los particulares, está realizando una acción que está obligado a hacer como exigencia o imperativo del Bien Común que esa autoridad debe cumplir. De no ser así, tal intervención podría ser repudiada como una toma de posición partidista y, por ello, positivamente contraria a la obligación de realizar el bien de la Comunidad política, que le es propia. Lo que obliga a afirmar que la violencia injusta implica en sí misma una lesión del Bien Común que esa autoridad debe tutelar y, en los casos en que hubiese sido violado, habrá de tratar de reparar, en el modo y en la medida en que ello fuese posible y con las ineludibles limitaciones.

3.    El derecho de asociación de las víctimas.

El reconocimiento del derecho que en justicia se debe a las víctimas, a la reparación de los daños causados por la injusta violencia, tiene como consecuencia la afirmación del correlativo derecho a su libre asociación, en orden al logro de una mayor y mejor satisfacción de sus afirmados derechos, tanto por parte de los directos responsables de los daños causados como de parte de la autoridad pública.

Este derecho de asociación ejercido en orden a la mejor satisfacción de sus derechos, habrá de ejercerse, por su misma naturaleza, en el ámbito de lo jurídico, con las posibilidades y también con las limitaciones que al mismo son inherentes. En particular, sus actuaciones habrán de reducirse a la esfera de la exterioridad o publicidad que es el campo propio de la “justicia”. Lo que no podrá menos de implicar las limitaciones que anteriormente indicábamos. La aceptación de tales límites puede ser especialmente dolorosa cuando ellos se fundamentan en el reconocimiento de los derechos humanos inherentes al reconocimiento real de los derechos humanos fundamentales de los posibles victimarios. Particularmente si tales derechos se derivan del reconocimiento debido a su intimidad personal.

La condición de ser delincuente, bien sea meramente presunto o incluso probado, no implica que la persona pierda la condición de tal, con los derechos fundamentales que a ella corresponden y que el mismo ordenamiento jurídico vigente reconoce. La aceptación de esta realidad social y pública, desde la interioridad de un sufrimiento irreparable, será particularmente dolorosa para las víctimas. Lo que no podrá atribuirse a una deficiente aplicación de la justicia y de las normas que la tutelan. En todo caso, ello no ha de impedir la apertura del espíritu humano a realidades capaces de trascender los límites rígidos de las exigencias jurídicas.

4.    La pacificación que va más allá de la reparación en la justicia.

En efecto, el objetivo de la plena pacificación a lograr tras la experiencia dolorosa del sufrimiento producido por la violencia injusta, tanto por parte de ETA como por parte de grupos para-estatales y por los abusos habidos en el uso del poder coactivo del mismo Estado, no podrá alcanzarse solamente por el recurso a una justicia reparadora de los daños injustamente causados por los respectivos victimarios, por muy rigurosamente que pretenda aplicarse esa justicia. Será necesario, además, dar el paso a algo distinto que superando el ámbito de la necesidad vinculante de la justicia, sea el fruto de la libre gratuidad de lo ofrecido y recibido como exigencia del amor. La interioridad de las personas es afortunadamente mucho más rica humanamente de lo que pueda ser impuesto y exigible por la obligatoriedad de las leyes y de otras normas humanas.

No es algo trivial o de menor importancia esta referencia o recurso al espíritu de las personas, ante la tarea de la recomposición de una convivencia alterada por la violencia de la injusticia. Las personas tenemos la capacidad de amar a quienes nos hicieron el mal de la violencia, incluso antes o sin que nos ofrezcan la reparación, en ocasiones muy limitada, de la justicia o la correspondencia al amor previamente manifestado. Seguramente no todos estaremos de acuerdo en el intento de explicar o fundamentar esa capacidad de relacionarnos con los demás mediante eso que llamamos amor. Pero lo cierto es que ese amor existe y que su realización práctica ennoblece a los individuos y también a los colectivos que lo viven en la diversidad de sus múltiples manifestaciones. Incluso en sus dimensiones socio-políticas. Hasta el punto de que su negación como una de las posibles manifestaciones de las relaciones interpersonales, no podrá menos de arrastrar consigo un lamentable empobrecimiento para la humanidad.

Y una de las manifestaciones de ese amor humano y humanizador es la que llamamos perdón, vaya éste acompañado o no del previo arrepentimiento por el daño causado. No faltan quienes afirman que ambos conceptos y los contenidos que con las mismas palabras quieren significarse, carecen de todo sentido en un mundo secularizado cual es el que actualmente vivimos. Tales expresiones habrían de ser, según ellos, el reflejo cultural de una concepción religiosa de la existencia humana actualmente inexistente, por lo que su utilización en el mundo en el que vivimos carecería totalmente de sentido. Sin embargo, si tanto el perdón como el arrepentimiento humanos son expresiones reales de la verdad del amor humano, será necesario admitir que su negación habrá de arrastrar consigo un empobrecimiento real de la convivencia interpersonal e incluso socio-política, cuya recuperación solamente sería posible mediante el retorno a las formas supuestamente caducas de las creencias religiosas. Pero afortunadamente también la cultura del hombre del siglo XXI es capaz de aceptar unos valores “espirituales”, entre los que ha de situarse el verdadero “amor” que es expresión de la plena realización de la dignidad humana. Un amor ofrecido y un amor acogido que habrá de suplir las deficiencias o limitaciones propias de una justicia rigurosa en sus exigencias y rigurosa también en su cumplimiento, pero incapaz de agotar la riqueza del espíritu.

CONCLUSIÓN

Decimos, con razón, que la Paz hemos de construirla entre todos. Las reflexiones ofrecidas en estas líneas han tratado de mostrar que la auténtica pacificación ha de fundamentarse en los valores de la verdad, la justicia y el amor, cuyos contenidos hemos tratado de exponer. Difícilmente nuestras vidas podrán desarrollarse al margen de las exigencias que ellas habrán de tener en nuestras vidas, en el ámbito de las relaciones socio-políticas. En la medida en que seamos fieles a tales exigencias, estaremos colaborando al logro del pretendido objetivo de la pacificación, que dejará de ser un “fracaso anunciado”.

JOSE MARÍA SETIEN ALBERRO

 OTOÑO 2013

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