Por una escuela libre y democrática

El sistema educativo vigente en una Comunidad política o, si se quiere, en un Estado, nunca es ajeno a los intereses políticos de quienes lo gobiernan. Pero tampoco lo es a los ciudadanos que para educar a sus hijos e hijas, han de confiarlos a manos ajenas a sí mismos, cuyas ideas sobre la deseada educación a transmitir, pueden ser muy ajenas a las que esos padres desearían que fueran. La armonización de los intereses de esas tres instancias, el Estado, los Padres y los Educadores, no es fácil de lograr, en detrimento de los hijos cuyo bien, en definitiva, ha de ser el objetivo determinante a alcanzar.

El problema es complejo en sí mismo por la multiplicidad de los factores que han de tenerse en cuenta en su solución. Pero, aunque pueda parecernos paradójico, la afirmación de las plurales exigencias de la misma Democracia causante de la complejidad la cuestión, habrá de ser la que nos ofrezca las vías de la deseada solución. Una Democracia que desde las libertades derivadas del reconocimiento de los derechos de las diversas instancias implicadas, dé por resultado una pluralidad contraria a los exclusivismos propios de los regímenes totalitarios. Sea cual fuere la fuente de la que ellos pudieran proceder, bien laicista bien clerical, con sus inconsistentes exigencias de   necesidad o imposición política. Sin que  olvidemos  que el problema de la política educativa de los Estados es, como no puede ser de otra manera, radicalmente un problema político.

Ni el Estado ni la Iglesia pueden imponer un proyecto educativo, a partir de la afirmación de la necesidad u obligatoriedad de su propia verdad. La democracia, para ser tal, necesita un sistema educativo en el que se respeten y compaginen en orden al bien común las distintas libertades de todos los sujetos implicados, principalmente de los padres, a la hora de optar por el tipo de educación que desean para sus hijos y que sea impartida bien en centros públicos o bien de iniciativa social.

Precisamente por ello, no tiene sentido hablar de una educación en valores humanistas científicos, universales y necesarios y, al mismo tiempo, afirmar una pluralidad educativa que responda a la libertad de pensamiento propia de la cultura democrática, que habría de reconocerse a los progenitores. Y, en consecuencia, también a su derecho de transmitirla a sus propios hijos a través del proceso educativo. Identificar la necesidad del  conocimiento científico  y universal de la humanidad, con los valores humanos, incluso éticos, equivale a incorporar e imponer al sistema educativo el dogmatismo excluyente de las citadas ideologías totalitarias, difícilmente compatible con el afirmado pluralismo de la auténtica democracia.

Ante estos planteamientos no puede menos de plantearse si tiene o no alguna razón de ser la pregunta por el sentido de la vida humana, al margen y por encima de la eficacia propia de un positivismo científico ajeno a la afirmada libertad humana. Dado que esa exclusión de la pregunta por el sentido de la vida humana, implicaría instaurar en el proceso educativo un dogmatismo científico, análogo al dogmatismo religioso de las verdades únicas y excluyentes,  de signo contrario pero igualmente reprobable. Lo que no ha de significar que el rechazo del dogmatismo religioso, en los términos en que aquí lo hacemos, haya de excluir ni impedir que el ser humano pueda ser portador de convicciones firmes relativas al sentido que  cada uno pueda dar a su vida, desde el ejercicio de su legítima libertad.  Pero  no es esa la cuestión. Ya que tampoco se ha de excluir que el hombre, científico o no, pueda tener sus firmes convicciones, éticas o religiosas, que puedan incluso influir en la elaboración de sus juicios de valor sobre el sentido de la propia existencia.

No es esa la cuestión que se plantea o, al menos, la que ha de plantearse en relación con la Escuela. De lo que se trata de saber es si el ciudadano, que tiene el derecho de ser libre en una sociedad democrática para decidir cuál ha de ser el sentido que haya de dar a su vida, ha de tener o no el derecho de educar a sus hijos desde esa su opción. Si en conformidad con ese derecho, ha de tener o no derecho a la ordenación de una política educativa del Estado, en la que el conjunto de la oferta de los derechos educativos públicos y privados, ofrezcan a los padres la posibilidad real de educar a sus hijos desde la propia opción paterno-materna en libertad. Y en coherencia también con el respeto debido  a la autonomía propia de la evolución progresiva de la personalidad de los hijos.

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