Necesidad científica, libertad ética y recesión económica

La crisis económica continúa instalada entre nosotros y continuará estándolo en tanto no se alcance la normalidad de la vida para la totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, la recesión económica parece haber sido superada. Una recesión entendida como el crecimiento progresivo de la anormalidad que impide que todos podamos disponer de los medios económicos que necesitamos para vivir humanamente, bien sea con los recursos adquiridos con el propio trabajo, bien sea por los medios ofrecidos por una eficaz y suficiente política social. La permanencia de esa incapacidad de satisfacer las necesidades fundamentales de todas las personas, aun cuando se haya detenido la recesión, no puede menos de obligarnos a reconocer y denunciar que la injusticia social permanece. La injusticia de una Economía puesta al servicio de los intereses y el poder de unos, a costa de las carencias y la pobreza de otros.

El FMI (=Fondo Monetario Internacional), uno de los integrantes de la “troika”, prevé para la Economía española en este año 2014, una evolución positiva del 0,6%, en contraposición con el decrecimiento del 1,2% habido en el pasado año 2013, y superior incluso al previamente supuesto crecimiento del 0,2%. Es esa misma “troika”, integrada por el citado FMI, junto con el BCE (=Banco Central Europeo) y la misma UE (=Unión Europea), quien estima que, habiéndose avanzado en España por el buen camino, habría que consumar la “reforma económica” hasta ahora realizada, adoptando las medidas adecuadas, particularmente las relativas a la reducción del “déficit” que en el próximo año 2015 habría de situarse en torno al 3%. Así las cosas, la mirada hacia el futuro de nuestra Economía, habría de ser positiva e incluso optimista. No solamente desde la perspectiva de la exclusión del fantasma de la recesión, sino también desde el punto de vista de un crecimiento económico que implicara una positiva realización de la dimensión del Bien Común de la Comunidad Política, consistente en una justa política económica. O, si se quiere, el logro de la “normalidad” socio-económica, a la que antes hacíamos alusión, relativa a una adecuada distribución de los bienes económicos, en función de las necesidades humanas.

Sin embargo, esta visión tan esperanzada que parece derivarse del planteamiento económico que se nos ofrece desde instancias tan autorizadas en que se fundamenta, no es fácilmente aceptable ni asumible. Al menos si es valorada desde la perspectiva de lo que una política económica auténticamente humana ha de buscar, más allá de su recto funcionamiento científicamente valorado. Un más allá que no puede ser ajeno a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de todos aquellos en cuyo nombre ejercen el poder político quienes gobiernan. También en la ordenación política de la actividad económica, que ha de estar al servicio de todos los ciudadanos en los que ese poder político radica.

En la coyuntura en que nos hallamos podrá aducirse que la afirmada reducción del déficit es una exigencia científicamente necesaria, en orden a alcanzar el objetivo planteado, del crecimiento económico. Nos hallaríamos así ante una exigencia que, por “científica” sería ineludible, a la que no tendría sentido oponerse. Ya que es propio de la racionalidad científica actuar en la obediencia a leyes definidas, en cuanto tales, por su ineludible necesidad. Una necesidad que no podrá menos de plantearse por la exigencia de disponer de los necesarios recursos sobre los que habrán de recaer los recortes que la reducción del déficit necesariamente habrá de exigir. Lo que, a su vez, no podrá menos de exigir a quienes “rigen” el funcionamiento de la Economía, en los niveles pertinentes, sin excluir a los responsables de la política económica de la UE, la necesidad de plantearse otra también ineludible pregunta. Es la relativa a la procedencia de los ingresos sobre los que habrán de recaer los recortes que la reducción del déficit, necesariamente habrá de exigir en los anteriormente aludidos dos próximos años.

Siendo las cosas así y en la medida en que lo sean, es necesario plantearse una cuestión ulterior. ¿Es, en verdad, una afirmación científicamente incontestable que la ineludible reducción del déficit ha de ser también “necesariamente”, a costa de los económicamente más débiles? Lo que habría de traer consigo mayor nivel de pobreza y, en concreto, de paro. Dicho en otras palabras, ha de plantearse si la necesidad inherente al objetivo “económico” a lograr, que es la “reforma económica”, ha de exigir también la aceptación de otra necesidad de gravísimas consecuencias sociales, consistente precisamente en el empobrecimiento de los económicamente más débiles. Una afirmación que siendo difícilmente sostenible, no podrá menos de exigir, por razones también éticas, la búsqueda y la utilización de otras vías más coherentes con la dignidad humana.

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