Pobreza, Bien Común y persona

1. A pesar de lo que dicen voces oficiales, la realidad económica es muy negativa para un sector de la población, tal como ha sido constatado por el VII Informe Foessa, sobre exclusión y desarrollo social, recientemente publicado. La desigualdad es creciente, no sólo en el conjunto del Estado, sino también entre nosotros. El pasado 7 de noviembre, el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco presentaba, en un pleno monográfico del Parlamento, los últimos datos sobre pobreza en la CAV, donde tenía que constatar el aumento de las desigualdades, a pesar de las medidas de política social adoptadas. Sin ellas, aún sería mucho peor. La pobreza severa alcanza al 5,9% de la población en la CAV, para Gipuzkoa es el 4,2%; la clase media se ha deteriorado en casi 11 puntos, y la movilidad social es descendente, es decir, la gran mayoría empeora su realidad material. El citado informe Foessa dice que son 360.000 personas, el 16% de la población de la CAV, las que vive en situación de exclusión social, y una tercera parte de ellas en la categoría de severa, con graves problemas en vivienda, trabajo y salud. A medida que se va alargando el tiempo de la crisis, son más los hogares (ahora el 12,3%) que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, afectando principalmente a quienes estaban en peor situación económica, con lo que aumenta la fragmentación social.

Si la situación económica es peor para una gran mayoría, tenderá a aumentar la conflictividad social y se acusará de generadores de conflictos y destructores de la paz social, a quienes denuncien y actúen para cambiar esta injusta situación. En otros casos, la búsqueda de solución será de tipo individual, creciendo la insolidaridad. ¿Qué futuro humano tendrá una sociedad que ningunea o margina a un número significativo de sus miembros, muchos de ellos perfectamente capacitados para aportar y renovarla?

2. La actividad económica, en general y, en concreto, el trabajo, en cuanto afectan a cada persona, siendo el cauce normal para acceder a lo que necesita para vivir dignamente, son realidades propias de cada persona. Pero en la medida que afectan, de una u otra manera, a la totalidad de la humanidad, adquieren una dimensión social ineludible, con claras connotaciones políticas y, además, porque se refieren a la Justicia, está presente la dimensión ética. Por eso, al realizar una valoración de la realidad económica y de las medidas de ajuste que se toman, los valores éticos son imprescindibles, deseando que toda persona pueda llevar una vida digna y vea respetados sus derechos. La justicia debe regir las relaciones interindividuales, institucionales, estatales e internacionales. Con los datos anteriores, estas relaciones dejan mucho que desear desde el punto de vista ético. Más bien, estas relaciones son injustas por inhumanas. Es decir, hemos de reconocer que estamos bastante lejos de realizar el Bien Común en el mundo económico.

3. Admitido lo anterior, es decir, que el contexto socio-económico en el que vivimos no responde a las exigencias de la Justicia, inspiradora y realizadora del Bien Común, nos planteamos la cuestión relativa a las responsabilidades personales y del sistema que están en el origen y mantenimiento de la injusticia denunciada. Pensemos si necesariamente las cosas tienen que ser así, porque no hay otra manera de funcionar bien, o son así porque se quieren así para beneficio particular y no de todos. Cuando se quiere poner a la persona en el centro de la vida social y que toda actividad le tenga como fin, ¿qué cambios es necesario asumir para que ello sea una realidad?
Conocemos las respuestas que las ideologías capitalista y marxista dan a este planteamiento. Ambas van en detrimento de la dignidad de la persona, porque la privan de muchas de sus dimensiones, convirtiéndola en mero sujeto productor- consumidor, afectando gravemente al ejercicio responsable de su libertad y dificultando su crecimiento personal integral.
La verdad es que lo tenemos difícil si queremos actuar honradamente, porque el contexto no favorece este comportamiento. Sin olvidar la posibilidad de acciones personales o sociales deshonestas (la más sonada en este tiempo es la corrupción), la actividad económica hay que desarrollarla teniendo en cuenta el entramado institucional actual (que abarca distintos niveles, desde lo local a lo internacional, y con capacidad diferente de influir en el poder político). Las noticias se suceden sobre actuaciones de grandes empresas transnacionales, en cualquier lugar del mundo, en función de sus intereses pecuniarios, causando quebranto a miles de personas e, incluso, a Estados si no se pliegan a sus exigencias. También, a un nivel más reducido, la forma especulativa de actuar de ciertas instituciones financieras, provocando el cierre de empresas viables o la pérdida de los ahorros de gente sencilla que confiaba en el banco de toda su vida. Ninguna de estas actuaciones son admisibles éticamente. Parece, entonces, que no es posible salir adelante económicamente.
Sin embargo, a pesar de ello, como la actividad económica es fundamental para la realización del Bien Común, sobre todo en lo que respecta a posibilitar a toda persona los medios suficientes para una existencia digna, la conciencia personal nos invita a la unión con quienes buscan la realización de ese Bien Común posible. Una salida humana y humanizadora de la actual situación, exige una doble y simultánea transformación: personal y estructural.

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